Suprimirá los primeros alquileres de oficinas en el primer semestre del año 2012.
El consejero delegado de la empresa pública Metro de Madrid, Ignacio González Velayos, ha confirmado esta mañana que desde el primer semestre de 2012 suprimirá el arrendamiento de oficinas y subastará locales propios que estén en desuso, y concentrará a su personal en las instalaciones que tiene en el distrito de San Blas de la capital para reducir costes.
Estas son algunas de las medidas que recoge el plan de ahorro de Metro, que "no tiene nada que ver" con una posible privatización a futuro de la empresa, ni supondrá una merma en la seguridad y en la calidad del servicio, según ha garantizado el consejero delegado a los grupos de la oposición durante su comparecencia ante la Comisión de Transportes de la Asamblea.
González Velayos ha señalado que ante la situación económica de la empresa es imprescindible adoptar medidas de austeridad, reducción del gasto y aumento de la eficiencia, y así, el plan de ahorro se podrá en marcha desde enero, cuando el Gobierno regional tenga plenas competencias sobre Metro. Y como ejemplo, ha adelantado que se llevará a cabo una reordenación para eliminar los costes de arrendamiento de inmuebles, aprovechando los que Metro tiene en propiedad.
Así, en el primer semestre de 2012 se suprimirán algunos arrendamientos de oficinas y se trasladará el personal que allí trabaja a inmuebles propios. "Prescindiremos de aquellos locales en desuso que no estén destinados a la explotación, procediéndose, en su caso, a la enajenación de los que sea conveniente por medio de subasta pública", ha dicho. La pretensión es, ha continuado explicando, reagrupar la mayoría de los servicios en los terrenos que Metro tiene en el barrio de San Blas, más de 300 hectáreas donde se concentran los talleres centrales, de ingeniería, almacenes y la clínica, y que aún deja espacio suficiente para albergar todas las instalaciones.
Junto a esa reordenación, el plan de ahorro busca reducir gastos -eliminando los capítulos que sean "parcialmente prescindibles"-, y contempla la disminución de casi un 50% de la estructura de la dirección de la empresa. También se mejorará el sistema de contratación, implantando de forma generalizada la subasta, lo que permitirá conceder la prestación del servicio a quien haga la mejor oferta de precio "siempre y cuando haya superado los requerimientos técnicos y de calidad para garantizar la seguridad". Contempla también mejorar los ingresos "rentabilizando las opciones publicitarias que ofrece Metro, como ya se hace en otros países, aumentando los locales comerciales y desarrollando una nueva política de gestión de los aparcamientos", como los que ya gestiona en Nuevo Ministerio y en Miguel Hernández.
Además, González Velayos ha anunciado que se abrirá otro nuevo aparcamiento en Vicálvaro. Respecto a las inversiones, González Velayos ha señalado que se dará prioridad a las que verdaderamente sean necesarias para garantizar el servicio y la seguridad. José Manuel Franco, diputado del PSOE, ha celebrado el ahorro en Metro, siempre un cuando no merme la seguridad y la calidad; con todo, ha dicho que su mayor preocupación es una posible privatización de Metro de cara al futuro, ya que si un servicio público funciona bien, "no tiene por qué dejar de ser público" y no hay que "ceder" a intereses privados.
"Me gustaría obtener por parte de las autoridades la garantía de que un servicio tan importante no va a ser privatizado, y ese compromiso no lo tenemos a día de hoy; viendo lo que está pasando en otras áreas, nos podríamos temer lo peor", ha dicho Franco. Isabel Moreno, diputada de Izquierda Unida, ha coincidido con el diputado socialista en expresar su temor a una posible privatización de Metro, algo que no parece viable con su actual situación económica, pero que sí podría ser factible en un tiempo gracias a ese plan de ahorro. "Nos preocupa que (el plan) sea el paso previo para adelgazar la empresa y luego privatizarla", ha insistido, antes de confiar en que las medidas de ahorro no impliquen un mayor riesgo en la seguridad o una peor calidad del servicio. UPyD, a través de su diputada Loreto Ruiz de Alda, también ha expresado su preocupación por una eventual privatización de la empresa, pero ha incidido especialmente en que no se puede hacer "pagar" la mala gestión de Metro a los usuarios con incrementos de las tarifas, o con un empeoramiento de la calidad del servicio.
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