El PP espera que no se suprima el servicio y pide al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto para evitarlo
El Ayuntamiento hace como Poncio Pilato y se lava las manos ante la supresión progresiva del servicio de radio taxi a partir del 6 de septiembre. Y lo hace asegurando que sólo es competencia municipal regular los servicios del sector mediante una ordenanza, la cual se emprenderá una vez que el Reglamento Andaluz del Taxi esté aprobado. Esto quiere decir que, para cuando llegue la esperada normativa local, el servicio de radio taxi no existirá. «Vamos a sentarnos a redactarla y luego hay que seguir los trámites administrativos para aprobarla», apuntó ayer el portavoz de IU, Francisco Tejada, quien afirmó que «a ese recorrido hay que ponerle aún fecha de partida». Y esa fecha no podrá ser nunca antes de final de año, momento en el que está previsto que el servicio esté clausurado.
Esta ordenanza, que pretendía ser la guía para que los taxistas no volvieran a tener que afrontar otra sanción como la impuesta por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, se quedará sin fundamento. No es que la norma local fuera a pagar la multa de 103.000 euros, y que ha sido el motivo por el que los taxistas han decidido prescindir del servicio de radio taxi, pero sí que iba a regular la situación que había generado la denuncia de Facua y las «listas negras».
Tejada indicó que la ordenanza municipal regulará la prestación del servicio de taxis para que «pueda ofrecer las mejores garantías» y recordó que el servicio de radio taxi no es competencia municipal, por lo que su continuidad tampoco corresponde al Ayuntamiento.
De este modo, el aspecto más esperado de esa ordenanza, tanto por los profesionales como por los propios clientes, será sólo un epígrafe en una norma que regulará un servicio anulado antes de su entrada en vigor. La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi y Autotaxi de Córdoba aprobó el miércoles la supresión «escalonada» de esta infraestructura, para así «cumplir con las relaciones contractuales con el personal y conseguirles una recolocación en la asociación», que seguirá funcionando como representante del colectivo. Así, la solución planteada para cumplir con el abono de la sanción es que progresivamente se cierre este servicio e ir suprimiendo el número de trabajadores.
Confianza en el futuro
El edil de IU dijo que espera que la decisión tomada por el colectivo no se cumpla, para ello no descarta sentarse a dialogar una vez más con los responsables del sector del taxi, como ha hecho en otras ocasiones, e intentar que las decisiones que se tomen sean «lo menos drásticas posibles». Además, manifestó que la finalidad de esta reunión sería hacerles ver que la demanda de taxis en la actualidad no es la misma que hace 20 ó 30 años y, por ello, tal volumen de demanda «requiere una gestión mucho más eficiente». El responsable municipal aseguró además que la supresión inicial anunciada por los taxistas servirá para que el sector «constate que el servicio debe seguir prestándose».
Por otro lado, el grupo municipal popular señaló que la supresión del servicio de radio taxi afecta a toda la ciudadanía por cuanto es un servicio público. «Es una verdadera pena que pueda sufrir un recorte o deterioro», señaló el concejal popular Federico Cabello de Alba, quien apuntó que el fondo de las reivindicaciones de los taxistas es justo, pero «también existe una sentencia que señala la lesión de los derechos de los usuarios».
El concejal popular pidió al Ayuntamiento que lidere «ese proyecto de conciliación de derechos de ambas partes para llegar a un punto de encuentro y que el servicio no se suprima». Cabello de Alba manifestó que se puede lograr una solución, así como que los profesionales puedan encontrar los avales necesarios para pagar la multa.
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