Acabar la Sagrera queda en manos de las plusvalías o de otros pactos

• El ayuntamiento cederá a Adif todo su beneficio urbanístico y si no basta, se buscarán «fórmulas»
• El Estado pagará los 416 millones de la estructura y vías, pero los 287 del interior penden del ladrillo

RAMON COMORERA
BARCELONA

La ingeniería financiera para construir la macroestación de la Sagrera se está revelando casi más compleja que la del hormigón y los raíles. El estallido de la burbuja inmobiliaria desestabilizó un proyecto pactado en el 2002 en buena parte sobre unas altas plusvalías. Cuando estas se han volatilizado, Estado, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona han debido buscar otra salida. Ayer se conoció la letra pequeña del publicitado acuerdo de mayo con el nuevo ministro de Fomento, José Blanco. El bipartito municipal aprobó con el apoyo crítico de ERC y el rechazo de CiU y PP una modificación del convenio que deja en manos del beneficio urbanístico la segunda fase de las obras, el interior de la estación. Si este no fuera suficiente, se dice que las partes «estudiarán fórmulas».
Estaba claro que de los 702,5 millones que cuesta ahora la instalación, 161 los ponía Adif y otros 255 Fomento con cargo a la disposición adicional tercera del Estatut sobre inversión en infraestructuras del 18,5% del PIB español que corresponde a Catalunya. Faltaban 286,5 para completar la enorme cifra y poder licitar la primera parte de la obra, la estructura de hormigón y las vías, en la segunda mitad de este año como se había anunciado.

180.000 METROS DE TECHO / Para que ello sea posible, el ayuntamiento ha aceptado ahora ceder a Adif el aprovechamiento urbanístico que legalmente le corresponde sobre los 180.000 metros cuadrados de techo edificable aprobados en el plan de uso terciario del 2004. Adif adelantará así el dinero lo que permitirá, según el teniente de alcalde Ramon García-Bragado, «una licitación inmediata», en diciembre.
Sin embargo, el hecho de que se utilicen de este modo las plusvalías de los edificios de oficinas y hoteles que van sobre la estación, recursos destinados primero a la cobertura de vías y a urbanizar la zona, abre interrogantes sobre qué fondos habrá para estos últimos trabajos. El cambio del convenio establece que si los recursos obtenidos son mayores que el presupuesto, Adif destinará el excedente a la propia explotación del edificio y a otras inversiones ferroviarias. Al contrario, si faltan fondos se deberá recurrir al suelo aportado por las partes y en última instancia a las citadas nuevas «fórmulas».
García-Bragado negó con rotundidad, ante los embates de la oposición, que esta alambicada operación suponga «que el ayuntamiento ponga más dinero, se endeude o aumente la edificabilidad». En cambio, aseguró, «sí que permitirá el inicio de las obras» como se habían comprometido las tres instituciones del consorcio Barcelona Sagrera Alta Velocidad. Insistió en que con el convenio del 2002, la estación no estaba asegurada y ahora «sí lo está».

PASO DE TRENES / El inicio en las próximas semanas del proceso para adjudicar las obras debería permitir que estas empiecen en el 2010 y que en el 2012 la infraestructura ferroviaria estuviera lista para que pasen los trenes procedentes de Sants. Con permiso, claro está, del túnel que debe excavarse bajo el Eixample y también del que ha de cruzar Girona, la obra más atrasada de todo el enlace hasta la frontera francesa. Lo que no se habrá acabado dentro de tres años será el interior de la estación que incluye también en sus enormes dependencias una parada de Cercanías y una de buses.

DOS AÑOS DE RETRASO / El convergente Joan Puigdollers descalificó la propuesta presentada por Bragado a la comisión de urbanismo municipal asegurando que implicará otro cambio del plan general metropolitano, con lo que el plan se alarga como mínimo dos años más. Incluso ironizó con que si se siguen acumulando retrasos, será un gobierno de CiU el que acabará construyendo la estación.
El edil de ERC Ricard Martínez condicionó su decisivo voto a que no haya nuevas cambios de planeamiento y dijo que su apoyo no será definitivo hasta que Fomento haya licitado realmente la obra. Enrique Villagrasa del PP se sumó a las críticas duras y calificó de «nefasta» la gestión del bipartito.