viernes, 13 de febrero de 2009

La ampliación de la línea 9 del metro de Madrid cumple la normativa

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BRUSELAS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, afirmó hoy que no ve infracción de la normativa comunitaria en la ampliación de la línea 9 del metro de Madrid en el distrito de Fuencarral para abrir la estación de Mirasierra. Resaltó además que el Ejecutivo comunitario no tiene poderes para intervenir respecto al derribo del instituto Mirasierra a causa de las obras y su traslado a otra ubicación.

Dimas respondió así a una interpelación parlamentaria presentada por el eurodiputado socialista Carlos Carnero, en la que denunciaba que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha cumplido con los requisitos de consulta pública contemplados en la legislación comunitaria. Y también ha vulnerado la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en lo referente a la garantía de una educación digna y de calidad.

Carnero se hacía eco de las quejas de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto y Colegio Mirasierra, que denunciaban que las obras "afectarán directa y negativamente al alumnado por cuanto comportarán el derribo del Instituto, su reubicación en lugares alejados del actual emplazamiento y, durante su realización, harán casi imposible la continuidad de las clases en condiciones mínimamente aceptables, tanto en dicho centro como en el Colegio citado (situado a 7 metros de los trabajos previstos)".

Y aseguraba además que "la ampliación del metro podría hacerse fácilmente utilizando otros espacios, lo que evitaría las consecuencias citadas".

En su respuesta, Dimas señala que, de acuerdo con la información de la que dispone el Ejecutivo comunitario, el proyecto "ha pasado por un período de consulta pública y ha sido objeto de un estudio de impacto ambiental".

También resalta que Bruselas "no tiene competencia alguna para entrar en las cuestiones relacionadas con el emplazamiento y las actividades diarias de esas escuelas, ni con el diálogo entre las autoridades competentes españolas y los padres de los alumnos afectados". "Habida cuenta de lo que precede, al no ver ninguna infracción de la normativa comunitaria, la Comisión no puede intervenir en este tema", concluye el comisario de Medio Ambiente.

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