El sector decidirá en asamblea las medidas de presión.
Asamblea anterior de taxistas en el Pancho Camurria. josé luis gonzález
NOÉ RAMÓN Una asamblea de taxistas que tendrá lugar el próximo día 3 de noviembre en el polideportivo Pancho Camurria decidirá si se convoca una huelga general del sector. La movilización se llevará a cabo en protesta por el retraso en la retirada de licencias de las calles pese a la actual sobresaturación que existe desde hace años.
En caso de que finalmente se acuerde acudir a la huelga ese mismo día se llevará a cabo una manifestación por las calles de Santa Cruz que discurrirá entre el Cabildo y el Ayuntamiento, instituciones involucradas en el rescate de licencias y en la que los taxistas acudirán acompañados por sus familiares.
La Mesa Patronal del Taxi, integrada por una decena de asociaciones que representan al 85% de los 1.087 titulares de permisos, entregó ayer al alcalde, José Manuel Bermúdez, una propuesta para la reducción de licencias.
Se trata de una medida que consideran de máxima urgencia en interés público, irrenunciable y acorde a la ley. Para los taxistas, la retirada de licencias de las calles es la única medida "capaz de levantar el estado de quiebra económica de este servicio favoreciendo su eficacia y viabilidad".
En la propuesta presentada se recoge que el rescate de permisos será voluntario y estará abierto a todos los titulares que lo soliciten. El precio fijado es de 60.000 euros por licencia, de manera que se alcance el objetivo de 2,5 taxis por cada mil habitantes, casi la mitad de los que hay ahora mismo. De hecho, sería necesario que las instituciones involucradas quitaran de las calles de Santa Cruz 532 licencias.
Los profesionales aceptan que las indemnizaciones se formalicen a través de un convenio plurianual que compete "en todo caso" a las administraciones locales, insulares y autonómicas, "pudiendo ser abonada al taxista en pagos fraccionados de hasta tres anualidades en su caso". Los conductores fijan un plazo máximo de cinco años para completar todo el proceso.
Durante ese período "no se autoriza forma alguna de transmisión de licencias que no sea a través del rescate". Los profesionales quieren que este proceso se lleve a cabo de forma inmediata y que las instituciones elaboren un listado de beneficiarios establecido con criterios de prioridad. Los criterios pasan por primar la incapacidad física para realizar el servicio, ser titular de la licencia por viudedad, superar la edad de jubilación y no dedicarse de forma exclusiva a la actividad.
El Ayuntamiento ha encargado ya un estudio para determinar cuánto vale en realidad cada licencia. Las previsiones son que este informe sea entregado de inmediato. En caso de que no se pueda cumplir con la retirada de taxis fijada, los profesionales tendrán que aceptar que las instituciones lleven a cabo una subasta de licencias con un precio de salida fijo mínimo de 25.000 euros. El cumplimiento de los ratios es obligatorio y por ello, aunque se considera un caso hipotético, no se descarta que la Corporación local pueda recurrir a este sistema para regular el sector.
Una vez que se alcancen los niveles de vehículos por mil habitantes fijados por ley los taxistas tendrán libertad para negociar a precio de mercado por cuenta propia el traspaso siempre que se cumplan con los requisitos fijados por la ordenanza municipal que esté en vigor en ese momento. También se estipula que si los profesionales que estén dentro de la lista de prioridades finalmente deciden no cobrar el dinero perderán la oportunidad de hacerlo en el futuro.
Los conductores quieren también arrancar el compromiso a las instituciones de que no se van a promover modificaciones en las ordenanzas municipales de regulación del sector que reduzcan las posibilidades de explotación de las licencias respecto a las actuales sin llegar a un consenso previo con los representantes del sector.
Otras propuestas pasan por la creación de un fondo de ayuda a titulares que estén a la espera de su indemnización cuya cuantía final no podrá sobrepasar el año hasta su abono. "Por parte de los taxistas se manifiesta nuestra disposición de atender más eficazmente si cabe el servicio a los ciudadanos acorde a la evolución de nuestra propia capacidad económica donde sea necesario", se indica en el escrito.
En caso de que finalmente se acuerde acudir a la huelga ese mismo día se llevará a cabo una manifestación por las calles de Santa Cruz que discurrirá entre el Cabildo y el Ayuntamiento, instituciones involucradas en el rescate de licencias y en la que los taxistas acudirán acompañados por sus familiares.
La Mesa Patronal del Taxi, integrada por una decena de asociaciones que representan al 85% de los 1.087 titulares de permisos, entregó ayer al alcalde, José Manuel Bermúdez, una propuesta para la reducción de licencias.
Se trata de una medida que consideran de máxima urgencia en interés público, irrenunciable y acorde a la ley. Para los taxistas, la retirada de licencias de las calles es la única medida "capaz de levantar el estado de quiebra económica de este servicio favoreciendo su eficacia y viabilidad".
En la propuesta presentada se recoge que el rescate de permisos será voluntario y estará abierto a todos los titulares que lo soliciten. El precio fijado es de 60.000 euros por licencia, de manera que se alcance el objetivo de 2,5 taxis por cada mil habitantes, casi la mitad de los que hay ahora mismo. De hecho, sería necesario que las instituciones involucradas quitaran de las calles de Santa Cruz 532 licencias.
Los profesionales aceptan que las indemnizaciones se formalicen a través de un convenio plurianual que compete "en todo caso" a las administraciones locales, insulares y autonómicas, "pudiendo ser abonada al taxista en pagos fraccionados de hasta tres anualidades en su caso". Los conductores fijan un plazo máximo de cinco años para completar todo el proceso.
Durante ese período "no se autoriza forma alguna de transmisión de licencias que no sea a través del rescate". Los profesionales quieren que este proceso se lleve a cabo de forma inmediata y que las instituciones elaboren un listado de beneficiarios establecido con criterios de prioridad. Los criterios pasan por primar la incapacidad física para realizar el servicio, ser titular de la licencia por viudedad, superar la edad de jubilación y no dedicarse de forma exclusiva a la actividad.
El Ayuntamiento ha encargado ya un estudio para determinar cuánto vale en realidad cada licencia. Las previsiones son que este informe sea entregado de inmediato. En caso de que no se pueda cumplir con la retirada de taxis fijada, los profesionales tendrán que aceptar que las instituciones lleven a cabo una subasta de licencias con un precio de salida fijo mínimo de 25.000 euros. El cumplimiento de los ratios es obligatorio y por ello, aunque se considera un caso hipotético, no se descarta que la Corporación local pueda recurrir a este sistema para regular el sector.
Una vez que se alcancen los niveles de vehículos por mil habitantes fijados por ley los taxistas tendrán libertad para negociar a precio de mercado por cuenta propia el traspaso siempre que se cumplan con los requisitos fijados por la ordenanza municipal que esté en vigor en ese momento. También se estipula que si los profesionales que estén dentro de la lista de prioridades finalmente deciden no cobrar el dinero perderán la oportunidad de hacerlo en el futuro.
Los conductores quieren también arrancar el compromiso a las instituciones de que no se van a promover modificaciones en las ordenanzas municipales de regulación del sector que reduzcan las posibilidades de explotación de las licencias respecto a las actuales sin llegar a un consenso previo con los representantes del sector.
Otras propuestas pasan por la creación de un fondo de ayuda a titulares que estén a la espera de su indemnización cuya cuantía final no podrá sobrepasar el año hasta su abono. "Por parte de los taxistas se manifiesta nuestra disposición de atender más eficazmente si cabe el servicio a los ciudadanos acorde a la evolución de nuestra propia capacidad económica donde sea necesario", se indica en el escrito.
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