Dos adultas cuelan a dos niños
En tiempos de crisis se dispara la picaresca y aumenta el fraude en el ámbito del transporte público. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) está sufriendo en sus carnes esta circunstancia y ha optado por tomar medidas para frenar los impagos, que al cierre del pasado ejercicio alcanzaban el 6,77% de los viajes en el Metro de Valencia. En términos absolutos, más de 4,49 millones de viajes anuales están afectados por el fraude. Muy lejos, en todo caso, del caso de Barcelona, que asciende a más de sesenta millones de viajeros. Sin embargo, cada día, los convoys del metropolitano en Valencia transportan a una media de 12.318 personas que no han abonado el precio del viaje, que oscila entre los 1,4 euros del pasaje simple hasta los 6,5 euros del bono de diez recorridos. De esa forma, la merma económica alcanzaría cada año los 6,28 millones de euros, que deja de ingresar la mercantil propiedad de la Generalitat. En todo caso, se trata de un cifra aproximada, ya que hay diferentes formas de fraude y no todas llevan implícito el coste de un billete ordinario.
Las líneas del Tranvía soportan un volumen de fraude más elevado. En el caso del Metro, la incidencia es superior en los recorridos que transcurren en su mayor parte por superficie; donde no hay estaciones con personal de FGV, como en el caso de los apeaderos; en los vestíbulos secundarios no atendidos; en las estaciones de trasbordo entre el Metro y el Tranvía; así como en las instalaciones soterradas justo antes de la hora del cierre de las mismas.
Pese a ello, la evolución del fraude en Metro Valencia ha sido inversa al recrudecimiento de la crisis económica. De hecho, el índice de impagos se situaba en el 8,05 por ciento de los viajes en el ejercicio 2007. Un año más tarde la tasa de fraude se elevó hasta el 9,87%. Desde FGV se argumenta que este incremento respondió a las averías en las máquinas canceladoras. Entonces, se optó por no proceder a su reparación, toda vez que ya estaba prevista la instalación de máquinas específicas para la tarjeta sin contacto. Finalmente, en 2009 el índice de fraude descendió al 6,77%.
Este importante retroceso obedece, de acuerdo con fuentes de FGV, «a la implantación de la tarjeta sin contacto y a la fidelización de clientes a través de convenios con entidades públicas y asociaciones».
Con todo, FGV dio una nueva vuelta de tuerca en su lucha contra los impagos el pasado mes de noviembre, cuando puso en marcha un plan específico antifraude, que ha logrado reducir en 0,65 puntos la tasa de viajeros que no abonan su transporte en apenas dos meses.
El mayor control de la intervención; el aumento de la cuantía de las multas (el importe de las sanciones se ha incrementado hasta los cincuenta euros pero está contemplada una reducción del sesenta por ciento por pago voluntario o inmediato); la instalación del telemando centralizado (con cámaras e interfonos en los vestíbulos); y la campaña de sensibilización «Yo Si», han dado sus primeros frutos.
Con esta batería de medidas se pretende reducir el porcentaje de fraude, situado en el 7,42 por ciento en el momento de poner en marcha la campaña el pasado mes de noviembre, en cerca de tres puntos. El objetivo de los responsables de FGV pasa por situar la tasa en el cinco por ciento.
Durante el ejercicio 2009, tuvieron lugar un total de 510.595 intervenciones, que se saldaron con la imposición de 8.900 multas.
La red de transporte constituye uno de los principales servicios públicos y es sinónimo de déficit. Más allá del fraude, que afecta a cerca del siete por ciento de los recorridos, Ferrocarrils de la Generalitat transportó el pasado a más de 71,1 millones de viajeros en las explotaciones de Valencia y Alicante.
Cada día, cerca de 195.000 trabajadores, estudiantes, pensionistas y turistas utilizan la red de transporte metropolitano de las dos principales núcleos urbanos de la Comunidad, lo que le convierte en un servicio público esencial para el desarrollo económico y social de la región, pero especialmente costoso para las arcas públicas, que deben sufragar unas pérdidas estructurales, pero necesarias. De hecho, el precio del billete difícilmente compensa las fuertes inversiones que comporta la renovación de la flota, la construcción de nuevas líneas o las nóminas de sus 1.953 trabajadores.
Así, la diferencia entre ingresos y gastos arroja un saldo negativo que se sitúa en el entorno de los 43,8 millones, a los que hay que sumar la deuda procedente de las importantísimas inversiones efectuadas para extender su red. Las fórmulas mixtas para la explotación del negocio han emergido como una solución a este mal endémico.
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