El concejal de Movilidad Urbana de Logroño, Domingo Dorado, ha informado hoy en una rueda de prensa sobre el incremento de las tarifas del transporte urbano, que se han incrementado una media del 3,2 por ciento, a pesar de que el IPC ha subido el 16 por ciento desde el año 2003.
El billete normal pasa de 56 a 60 céntimos; el de jubilado se mantiene en 16 céntimos; y el bonobús de diez viajes cuesta un 5,8 por ciento más, al pasar de 4,27 a 4,52 euros.
La tarjeta de estudiante no empadronado en Logroño con 20 viajes cuesta 8,32 euros, en vez de 7,88; y si reside en la ciudad vale 5,28 euros, lo que supone un aumento de 28 céntimos.
Como novedad, desde octubre funciona el bono-mes, que cuesta 29 euros, por lo que cada viaje sale a 36 céntimos, y el autobús urbano es gratis para menores de siete años, con la previsión de extenderlo hasta ocho a lo largo de este semestre.
Dorado ha explicado que con esta subida se pretende evitar el uso del billete sencillo, ya que perjudica la calidad del servicio, porque se pierde mucho tiempo con los cambios de dinero.
En Logroño, el 42 por ciento de los usuarios utiliza una tarifa normal, frente al 8 por ciento de Madrid, el 10 por ciento de Bilbao o el 12 por ciento de Pamplona.
Ha resaltado que el billete suelto de autobús de la capital riojana es el más barata, si se compara con ciudades como Burgos (85 céntimos), Vitoria (95 céntimos), Zaragoza (1 euro), Santander (1,10) o San Sebastián (1,35).
Por otro lado, ha recordado que la negativa "impropia e ilegal" del Gobierno de La Rioja a autorizar una subida de precios ha supuesto la pérdida de 200.000 euros para las arcas municipales, ya que se tuvo que compensar a la empresa que presta el servicio.
Por esta "enésima agresión para ahogar económicamente al Ayuntamiento" se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el que se reclama al Ejecutivo riojano el pago de esos 200.000 euros.
En octubre pasado, los miembros de la Comisión Regional de Precios empataron en votos al tratar esta subida de precios, por lo que debería haber entrado en vigor a finales de diciembre.
Sin embargo, el Gobierno regional solicitó información adicional sobre el bono-mes, lo que retrasó hasta el 30 de enero la autorización para actualizar las tarifas, y este trámite le ha costado otros 50.000 euros al Ayuntamiento.
Dorado ha recordado que esos 250.000 euros perdidos se podrían haber destinado a la instalación del SAE, un servicio de información sobre los tiempos de espera del autobús, que se financiará "con imaginación" y se instalará en los próximos tres meses.
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