La Ley de Accesibilidad al Transporte sancionará hasta con 300.000 euros por dificultar la movilidad de las personas
ACCESIBLE. Un minusválido ayer en el metro. /MANUEL BRUQUE/EFE
INFRACCIÓN MUY GRAVE
Urbanidad, educación, buenos modos o respeto al prójimo son cuatro expresiones básicas para la convivencia. Ceder el asiento en el autobús o en el metro a una persona mayor, a una mujer embarazada, o a un joven que se apoya en unas muletas era una obligación moral que se cumplía con normalidad. Cuando Les Corts aprueben tras el verano la Ley de Accesibilidad Universal al Transporte dejará de ser un compromiso moral para convertirse en una responsabilidad legal.
El incumplimiento de ceder el asiento en un transporte público a una persona con movilidad reducida será considerado como una infracción leve en la futura ley.
Y lo que hasta ahora se consideraba como un signo de mala educación, ya no será reparado con la mirada de desprecio de algunos pasajeros. Habrá que rascarse la cartera. Mantener las posaderas pegadas al plástico rojo de la silla del autobús puede suponer un bocado en la cuenta corriente de entre 100 a 6.000 euros.
Ese es el precio de las infracciones leves de la normativa que ha preparado la Conselleria de Infraestructuras. Las graves conllevarán una multa desde 6.001 euros a 60.000 y las muy graves alcanzarán los 300.000 euros.
Carmen Nájera, una mujer de 41 años, que lleva dos décadas en silla de ruedas, tras la presentación pública del proyecto de ley a la que asistieron el vicepresidente Juan Cotino y el conseller mario Flores, se quejaba de los obstáculos que suponen las obras en la vía pública, además de los problemas que encuentra en las paradas de los autobuses para poder acceder a estos vehículos.
La disposición que impulsa Mario Flores -su primera ley como conseller- recoge los supuestos que sufre Carmen cada día en la ciudad. El espíritu de la norma es hacer accesible la vía pública y el transporte a usuarios de sillas de ruedas, mayores, embarazadas o a quien porte un carrito de bebé.
La ley pone énfasis en hacer accesibles las paradas, andenes y estaciones, reserva el 10% de los asientos a personas con movilidad reducida, espacio para sillas de ruedas, taxis adaptados e incorpora «la línea roja», que implica la imposibilidad de que un vehículo pare o estacione sobre ella. Esta es una infracción leve.
Hasta el 2 de septiembre está abierto el plazo para presentar enmiendas a la ley. Será a finales de año cuando cuando entre en vigor.
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